La propuesta es resultado de meses de trabajo, análisis y construcción técnica, con la colaboración de abogados especialistas convocados por RegioPoder
Vitrinanews, Monterrey
La plataforma de participación ciudadana RegioPoder A.C. presentó este viernes ante el H. Congreso del Estado de Nuevo León una Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en materia de organización judicial.
La propuesta es resultado de meses de trabajo, análisis y construcción técnica, con la colaboración de abogados especialistas convocados por RegioPoder para contribuir, desde distintas experiencias y perspectivas, al desarrollo de una propuesta ciudadana en una de las transformaciones institucionales más relevantes para Nuevo León.
RegioPoder consideró que este ejercicio refleja también el valor de la participación ciudadana cuando logra reunir conocimiento técnico, experiencia profesional y organización social para construir propuestas concretas que puedan incorporarse a la discusión pública y legislativa. La organización celebra que ciudadanos y especialistas puedan involucrarse directamente en el análisis y diseño de las instituciones que tendrán impacto en la vida pública del Estado.
La iniciativa fue presentada por Andrea García Sierra, fundadora y directora general de RegioPoder, y Arturo Ramírez González, Coordinador General de la organización, mediante el mecanismo de iniciativa popular previsto en el marco constitucional y en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León.
La propuesta parte de un principio fundamental: la armonización de la legislación de Nuevo León con la reforma judicial federal no debe entenderse únicamente como una reproducción normativa, sino como una oportunidad para fortalecer el sistema de justicia local y atender retos relacionados con el rezago judicial, la duración de los procedimientos, la desigualdad en el acceso a los tribunales, la suficiencia presupuestaria, la transparencia, la evaluación y la participación social.
El modelo federal incorporó la elección popular de personas juzgadoras, Comités de Evaluación de los tres Poderes, insaculación pública, paridad de género y campañas sin financiamiento público o privado, además de separar las funciones de administración y disciplina mediante nuevos órganos especializados.
La iniciativa presentada en Nuevo León parte de esa arquitectura y propone desarrollar mecanismos adicionales para fortalecer la independencia judicial, la rendición de cuentas, la profesionalización, la transparencia, la participación ciudadana y la confianza pública en las instituciones de justicia.
Uno de los principales elementos de la propuesta consiste en que la elección popular de juezas, jueces y magistraturas se encuentre precedida por procesos de evaluación. Los Comités de Evaluación deberán revisar los perfiles y seleccionar a las personas mejor evaluadas para posteriormente depurar los listados mediante insaculación pública, observando la paridad de género.
Andrea García Sierra, fundadora y directora general de RegioPoder, señaló que la reforma judicial representa una oportunidad para que la participación ciudadana también forme parte de la construcción de las instituciones de justicia.
“Una transformación de esta importancia no puede limitarse a cambiar la manera en la que elegimos a quienes imparten justicia. También tenemos que preguntarnos qué instituciones queremos construir para Nuevo León. Si la ciudadanía va a participar mediante su voto, tenemos que procurar que quienes lleguen a la boleta hayan pasado previamente por procesos que valoren su preparación, capacidad e integridad”.
La propuesta contempla además una Comisión Ciudadana que acompañe los procedimientos de evaluación y selección de candidaturas, integrada por representantes de universidades, Consejo Nuevo León, el Colegio de Abogados de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa de los derechos de los justiciables y representantes de los tres Poderes del Estado.
Otro de los aspectos centrales es la protección de la independencia de las decisiones judiciales. La iniciativa establece expresamente que el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial no podrán revisar aspectos jurisdiccionales ni los criterios aplicados en la actividad judicial.
Asimismo, dispone que las personas titulares de juzgados y magistraturas no podrán ser investigadas o sancionadas por el sentido de sus resoluciones.
Este aspecto retoma una salvaguarda que, en el ámbito federal, ha sido desarrollada por la Suprema Corte al establecer que los órganos disciplinarios no pueden revisar o cuestionar el criterio jurisdiccional utilizado por las personas juzgadoras.
Arturo Ramírez González, Coordinador General y vocero institucional de RegioPoder, señaló que la rendición de cuentas debe coexistir con garantías claras para preservar la independencia judicial.
“Podemos exigir responsabilidad, transparencia e integridad a quienes imparten justicia, pero existe una línea que ninguna institución debe cruzar: intervenir en la forma en que una jueza o un juez resuelve un asunto. La independencia judicial no es un privilegio de quien ocupa un cargo; es una garantía para cualquier ciudadano que tenga que acudir a un tribunal”.
La iniciativa propone también separar las responsabilidades disciplinarias y administrativas mediante un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, ambos con independencia técnica y de gestión, buscando evitar que las funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias se concentren en una misma estructura.
La autonomía presupuestal constituye otro de los ejes de la propuesta. Actualmente, a nivel federal, el Órgano de Administración Judicial elabora el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y lo remite para su incorporación al Presupuesto de Egresos, sin que el texto constitucional establezca una regla específica de protección del presupuesto global frente a reducciones.
Para Nuevo León, la iniciativa plantea fortalecer la certeza financiera del Poder Judicial mediante reglas constitucionales que permitan una mayor capacidad de planeación. La propuesta contempla un incremento anual al presupuesto presentado por el Órgano de Administración Judicial y la entrega del presupuesto aprobado durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, bajo principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez.
El C.P. Juan Carlos Pérez Góngora, fundador de RegioPoder, señaló que la autonomía presupuestal debe entenderse también como una condición para el fortalecimiento institucional.
“Un Poder Judicial independiente necesita capacidad real para planear y administrar responsablemente sus recursos. La autonomía presupuestal no significa ausencia de controles ni de rendición de cuentas; significa generar condiciones para que la impartición de justicia pueda cumplir con sus responsabilidades con planeación, eficiencia y transparencia”.
La propuesta contempla igualmente campañas judiciales de sesenta días, sin precampañas y sin financiamiento público o privado, además de mecanismos orientados a evitar que intereses partidistas o económicos condicionen las candidaturas judiciales.
RegioPoder considera que la discusión sobre la reforma judicial debe trascender partidos, gobiernos y coyunturas. Las reglas que se construyan hoy deberán servir para fortalecer a las instituciones y garantizar que el sistema de justicia responda a las necesidades de los ciudadanos, independientemente de quién ejerza temporalmente el poder.
En este sentido, RegioPoder reconoció y agradeció la invitación de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Nuevo León para participar en la Mesa de Trabajo “Reforma al Poder Judicial de Nuevo León”, convocada para analizar las distintas propuestas en la materia.
La organización reconoció este ejercicio de apertura y diálogo entre instituciones, academia, sociedad civil, ciudadanía y los distintos sectores involucrados en la discusión.
RegioPoder refrenda su asistencia a la mesa de trabajo y expresa su interés en que la iniciativa ciudadana presentada este 14 de agosto sea considerada como parte del análisis y la deliberación legislativa, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la construcción de una reforma judicial que responda a las necesidades de Nuevo León.
La presentación de esta iniciativa forma parte del modelo de participación que RegioPoder busca impulsar en Nuevo León: escuchar, organizar, documentar y proponer.
