Ignacio Castellanos Amaya, diputado local del PAN, dijo que la actual ley no delimita una buena lectura ni explicaciones sobre el aparato medidor
Vitrinanews, Monterrey
Debido a los constantes incrementos en las tarifas en los servicios de Agua y Drenaje que afecta a la economía de los usuarios, el diputado Ignacio Castellanos Amaya, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para regular las lecturas de los medidores.
El legislador de la bancada del Partido Acción Nacional, expresó que la actual ley no delimita una buena lectura ni explicaciones sobre el aparato medidor, y como consecuencia los altos cobros no tienen una forma de justificarse.
“Es necesario reconocer que un incremento injustificado en el recibo de agua representa un desequilibrio en la economía familiar, no es justo que las familias tengan que enfrentar estas situaciones sin una explicación clara ni mecanismos adecuados para verificar los cobros; por ello, no debemos limitarnos a sancionar a los usuarios por las irregularidades que se presenten, sino también establecer medidas para que el organismo operador asuma la responsabilidad que le corresponde cuando las deficiencias sean atribuibles a su actuación.
“Garantizar el derecho humano al agua no significa únicamente asegurar que llegue a los hogares, sino también que las familias paguen lo justo por lo que realmente consumen, ningún usuario debería cargar con las consecuencias de una lectura incorrecta, una omisión o una falla atribuible al organismo operador”, destacó el diputado panista.
El acceso al agua ya representa un desafío para miles de familias, aseguró Castellanos Amata, no permitamos que un cobro injustificado se convierta en una carga más para su economía. Porque el recibo de agua debe cobrar el consumo real, no los errores de quien presta el servicio.
La iniciativa incluye una revisión mensual a los medidores para que se registre el volumen acorde al aparato medidor así como las medidas a tomar en caso de una lectura errónea por parte del organismo.
Estas incluyen corregir la facturación, cancelar los pagos que provenían de una lectura incorrecta, compensar el pago que ejerció el hogar así como evitar suspensiones del servicio durante el proceso de aclaración sobre la lectura incorrecta.
