Personal docente del estado fue inmunizado con las vacunas Sputnik V y Cansino, que aún no son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, indicó la CEDHNL.
Vitrinanews/Monterrey
A casi dos años del inicio de la pandemia y la reactivación de actividades presenciales como las clases en todos los niveles educativos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un exhorto al secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, para garantizar el derecho a la salud de docentes y el cuidado de los estudiantes menores de edad.
El organismo defensor de derechos humanos destacó que ha surgido una preocupación recurrente entre el personal docente: la correcta inmunización contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
“Esta preocupación gira en torno a que el personal docente fue inmunizado, en su mayoría, con las vacunas Sputnik V y Cansino, las cuales no cuentan aún con una aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia”, mencionó la CEDHNL en el escrito.
“Es una situación que ha generado desconcierto entre las personas que recibieron dosis de dichas vacunas, surgiendo cuestionamientos sobre si es seguro el regreso a clases presenciales y la convivencia con menores de edad que no se encuentran inmunizados con ninguna dosis”.
La CEDHNL señaló en el exhorto tres puntos a observar para la dependencia de salud federal.
“Esta Comisión emite un atento y respetuoso exhorto a fin de que se considere una estrategia de difusión con base en datos científicos actualizados, que hagan del conocimiento del personal docente y la población en general, la protección que brindan las diferentes vacunas contra el COVID-19”, indicó el organismo.
“Otorgar al personal docente la opción de acceder a un proceso de inmunización con diversa vacuna, cuando así lo permita su esquema de vacunación previo, así como precisar la fecha estimada de inoculación a menores de edad”.
De acuerdo con la Resolución 01/2021, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso a las vacunas que adopten todos los Estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.